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martes, 7 de julio de 2020

Colombia, un Estado de sitio permanente.

“Son las ocho de la noche, la gente tiene una hora para dirigirse a sus hogares. El que se encuentre fuera de sus hogares a esa hora será apresado y si trata de huir o poner resistencia lo hace por su cuenta y riesgo, corriendo los peligros consiguientes (…) prevénganse contra todo eso. No cometan Imprudencias. Dejemos que el país siga en su vida normal (…) estaremos sujetos a una severa disciplina” Carlos Lleras Restrepo presidente de Colombia el 21 de abril de 1970 tras los resultados electorales entre Misael Pastrana Borrero (1.571.249 votos) y Gustavo Rojas Pinilla (1.521.267 votos) Julio Mauricio Londoño Hidalgo para la revista portafolio 22 de Octubre de 2008, Siempre se me olvida que estamos en estado de sitio.

El Estado de Sitio contemplado en la vetusta constitución de 1886, que duró 105 años, contenía en el artículo 121 una figura constitucional que eliminaba, en caso de guerra o conmoción interior, las garantías individuales y permitía el uso de la fuerza sin ninguna consideración como lo podemos observar en las palabras del expresidente Lleras, cuando se evidenciaba un tremendo fraude electoral que terminaría otorgando la presidencia a Pastrana, último en hacerse a este cargo dentro del acuerdo oprobioso del conocido Frente Nacional, establecido desde el año 57 entre el Partido Liberal y Conservador para rotarse el poder cada cuatro años de manera alternada, cerrando el paso a cualquier otra expresión distinta a eso, que se ha conocido en nuestra historia como el bipartidismo.

La configuración de nuestra República no ha sido fácil. El concurso de guerras internas ha marcado la dinámica desde 1842 cuando militares del sur del país quisieron declarar la independencia, en un conflicto conocido como “la guerra de los supremos” y que marcó el rumbo de un país que consolidó los odios partidistas, mientras las élites desplumaban el Estado y lo acomodaban a su antojo, al servicio de sus intereses.

La constitución de 1886 que nos duró hasta hace 29 años, consolidó ese poder y amalgamó una clase política que fungió al servicio de grandes grupos económicos que en las últimas décadas vienen determinando cada vez más la vida de los colombianos.

Esas élites han mantenido unas lógicas en su entender y se han aferrado al poder generación tras generación, utilizando para ello todas las herramientas legales y no legales que les ha permitido sostener, a pesar de las precarias condiciones de vida de la mayoría de los ciudadanos, su statu quo.

En la década de los ochenta, en medio del reflujo social que se vivía, el Estado de Sitio abrió las puertas a las desapariciones de opositores, a los asesinatos selectivos, a la eliminación sistemática de todo un partido político, (más de 3000 militantes fueron asesinados) la encarcelación sin debidos procesos de líderes sociales y la poca probabilidad de competir democráticamente con los dos partidos que desde 1842 se alzaron con el poder y la institucionalidad.

La constitución de 1991 modifica en buena medida estas lógicas, producto de la negociación entre cerca de 10 grupos guerrilleros y el gobierno de Virgilio Barco, (liberal) en un acuerdo de paz que los desmoviliza y los reintegra a la vida nacional.

Esta misma constitución crea la Fiscalía General de la Nación que empieza a operar el 1 de Julio de 1992.

El espíritu de la misma, se enmarca en un concepto garantista de los derechos individuales, el debido proceso, el respeto por los derechos humanos y como el órgano rector de la justicia en nuestro
país. Espíritu que ha venido perdiendo su esencia y, por el contrario, la desfiguración producto de la politización de la misma hace carrera cada vez más y muy especialmente en estos tiempos en que unas nuevas ciudadanías están dispuestas a cambiar luego de 200 años la historia republicana.

Los organismos de control, la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría sirven hoy de yunques para remachar a quienes se perfilen como serios competidores a ocupar el primer cargo del país y que no hagan parte o no simpaticen con esas élites, ya no solo políticas sino especialmente empresariales, que han cooptado el Estado, que intervienen en él directamente con presidente de bolsillo o con ministros como el de Vivienda que representa claramente los intereses del sector financiero del país.

El nuevo fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, ex consejero del presidente Iván Duque, ha llegado al cargo con actitud de inquisidor, poniendo toda su atención en casos de mandatarios que han venido desplazando a los poderes regionales, aliados de esa institucionalidad perpetua de las fuerzas tradicionales; como Aníbal Gaviria y Carlos Caicedo, gobernadores de Antioquia y Magdalena y tratando en un hecho risible, de involucrar al ex candidato presidencial Gustavo Petro en el escándalo de la “ñeñe política”.

Hemos de suponer que irá ahora por otros mandatarios como el alcalde de Cali, Cartagena, Medellín, Bogotá, entre otros, para someterlos a través de procesos judiciales o en su defecto, “alinearlos” con esa institucionalidad que cuando no mata elimina con los aparatos de control manejados a su antojo.

Igual suerte puede correr el ex alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández, pero en este caso, desde la Procuraduría General de la Nación, que pretenden impedir que pueda ser candidato presidencial en el 2022.

La historia siempre nos permitirá tener una percepción de los hechos presentes.

Ellos, las élites, el régimen como lo describió Álvaro Gómez Hurtado, van a hacer hasta lo imposible por seguir perpetuándose en el poder, no van a resignarse a perderlo, recuerden que creen que les pertenece y nos es para menos luego de 200 años.

Lo importante de esta corta reflexión no es si lo siguen conservando o no, lo que nos debe ocupar es que para mantenerlo no les permitamos desmontar la democracia, desbaratar la institucionalidad, retroceder en nuestro ordenamiento jurídico, llevar la justicia al ostracismo y convertirnos en una “republiqueta” regentada por malabaristas jurídicos que consoliden un estado antidemocrático, con visos mafiosos que desnaturalicen la posibilidad de reordenarnos en una gran Nación.

Como dice Julio Mauricio Londoño Hidalgo, no olvidemos que, aunque siempre estemos en estado de sitio, es nuestrodeber conservar lo poco que nos queda de democracia y desde allí, entre todos los ciudadanos, reconstruir este hermosopaís.

EMIRO ARIAS BUENO
Economista
Mg en ciencia política
@EmiroAriasBueno


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