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lunes, 31 de agosto de 2020

Del dicho al hecho por Santurbán.

Por 
Diego F. López Gómez
@ProfeDiegoLopez


Hace unos días veía al alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, pronunciando su confianza en la buena voluntad del gobierno de Iván Duque, particularmente sobre la protección al páramo de Santurbán y la prohibición de proyectos de mega minería que afectan un ecosistema tan delicado y vital para los más de dos millones y medio de personas que bebemos de su agua, los cientos de millones que lo harán en el futuro y las innumerables especies de animales y plantas que desde centurias y milenios han desarrollado en el páramo su hábitat, algunas de ellas endémicas, bellas en su naturaleza misma y poco estudiadas por la ciencia biológica, tal vez poseedoras de enzimas y moléculas benéficas para luchar contra enfermedades conocidas o aún desconocidas.

Muchos hemos levantado la voz en público y en privado sobre lo nefasto del proyecto minero y de la minería misma en los páramos y en sus ecosistemas adyacentes. Se han expuesto con total claridad los argumentos que podemos sintetizarlos en tres grandes grupos:


Primero: La explotación minera en los páramos está prohibida y debe estarlo por ser ecosistemas sensibles y de un gran valor por sus servicios ambientales. Ante la mínima duda de que estos sean afectados por cualquier proceso humano, este debe prohibirse completamente por principio de precaución. En este sentido se han expuesto innumerables argumentos sobre las altas probabilidades de accidentes, y por ende de contaminación del agua, destrucción de la tierra y liberación de productos peligrosos tanto de los procesos industriales, como contenidos en las capas de la tierra, faltas de estudios, imposibilidad de control en los procesos etc.


Un segundo grupo de argumentos tiene que ver con la destrucción del ecosistema por los procesos industriales a gran escala, la remoción de millones de toneladas de tierra a lo largo de cientos de kilómetros de túneles que socavarían la tierra y generarían cambios irreparables en la biota y la micro-biota, con lo que, a mediano plazo, significaría la desestabilización del ecosistema y un daño ambiental irreparable que afectaría a las futuras generaciones. Dentro de estos argumentos se hallan las profundas falencias que registran los escasos estudios que se han realizado y la profunda debilidad institucional para realizarlos con propiedad, un control sobre los procesos y vigilancia en su cumplimiento, acumulando de esta forma la insostenible viabilidad razonable al proyecto megaminero.


Un tercer grupo de argumentos tiene que ver con la debilidad misma del estado para garantizar procesos seguros, equitativos y en beneficio de todos. Esto es inocultable y tiene que ver con la permeabilidad en la administración del Estado colombiano por la corrupción, con especial acento en las últimas décadas. No creo necesario volver a enumerar los casos de corrupción en que comunidades enteras como las de la Guajira, los llanos, el interior y la costa han visto como un grupo pequeño de bien organizados corruptos les han rapado su bienestar y degradado por completo su territorio. El caso Cerro matoso, Cerrejón y proyectos hidroeléctricos están a la orden del día; contratos de explotación aurífera, de carbón, ferroníquel, entre otros, a grandes mineras con todas las excepciones de impuestos a cambio de nada, leyes prefabricadas para beneficios directos a Consorcios especialistas en los mal llamados “lobbies” comerciales a políticos y líderes de los sectores con promesas que nos recuerdan la fábula de la cantinera. Supuestos millones en tributos que jamás se verán.

Luego, debe ser claro para los santandereanos que no es posible confianza alguna, que no existe ninguna buena fe por parte del gobierno nacional, lo ha demostrado con sus nombramientos en las instituciones como la ANLA, las declaraciones de los ministros de hacienda y de minas y su absoluta permisividad con el uso y el abuso de las multinacionales en nuestro territorio.
A esto hay que sumarle las acciones de los grandes medios de comunicación nacional, quienes se han postrado ante el poder económico de estas multinacionales. Hemos vistos los publireportajes realizados por los periódicos de mayor circulación y los foros en los que pintan pajaritos en el aire a los incautos que ven en las sobras que caen de la mesa su mayor opción de crecimiento y riqueza.

Ante estas circunstancias, no podemos pecar de incautos, no es posible llamarnos a esperar una acción sincera del ejecutivo nacional ni de ninguna de las instituciones amalgamadas con la corrupción, que en teoría deberían decidir por el bienestar de los ciudadanos presentes y futuros. Debemos actuar, debemos tener claro conocimiento del riesgo y de sus ambiciones, debemos utilizar los instrumentos legales y la presión social para que todos los colombianos y especialmente los santandereanos y norte-santandereanos seamos ciudadanos activos en la defensa del páramo. No debe seguirse permitiendo la des-regularización de la ley en la protección ambiental, debe acudirse de manera individual y colectiva a los instrumentos legales constitucionales para salvaguardar la integridad del territorio y de la ley misma.

Concretar las propuestas plasmadas en los planes de desarrollo para organizar una estrategia socio-jurídica para defender el territorio, implementar de manera amplia y decidida una verdadera cátedra del agua para que, tanto jóvenes ,como empresarios y ciudadanía en general, tenga claridad de lo que está en riesgo. Integrar acciones interdepartamentales que vinculen a los ciudadanos habitantes del páramo en programas serios de pagos por servicios ambientales y la diversificación en proyectos de empresas ecológicamente sostenibles. La vinculación de programas ambientales internacionales para protección e investigación de nuestros páramos.

 

Por último, reitero un llamado a todos los santandereanos: No esperemos que otros hagan lo que por deber y por derecho nos toca en esta hora histórica de nuestro departamento, salgamos a defender nuestros páramos!!



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