Por
Diego F. López Gómez
@ProfeDiegoLopez
Hace unos días veía al
alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, pronunciando su confianza en la
buena voluntad del gobierno de Iván Duque, particularmente sobre la protección
al páramo de Santurbán y la prohibición de proyectos de mega minería que
afectan un ecosistema tan delicado y vital para los más de dos millones y medio
de personas que bebemos de su agua, los cientos de millones que lo harán en el
futuro y las innumerables especies de animales y plantas que desde centurias y
milenios han desarrollado en el páramo su hábitat, algunas de ellas endémicas, bellas
en su naturaleza misma y poco estudiadas por la ciencia biológica, tal vez
poseedoras de enzimas y moléculas benéficas para luchar contra enfermedades
conocidas o aún desconocidas.
Muchos hemos levantado la voz en público y en privado sobre lo nefasto del
proyecto minero y de la minería misma en los páramos y en sus ecosistemas
adyacentes. Se han expuesto con total claridad los argumentos que podemos
sintetizarlos en tres grandes grupos:
Primero: La explotación minera en los páramos está prohibida y debe estarlo por
ser ecosistemas sensibles y de un gran valor por sus servicios ambientales.
Ante la mínima duda de que estos sean afectados por cualquier proceso humano, este
debe prohibirse completamente por principio de precaución. En este sentido se
han expuesto innumerables argumentos sobre las altas probabilidades de
accidentes, y por ende de contaminación del agua, destrucción de la tierra y
liberación de productos peligrosos tanto de los procesos industriales, como
contenidos en las capas de la tierra, faltas de estudios, imposibilidad de
control en los procesos etc.
Un segundo grupo de argumentos tiene que ver con la destrucción del ecosistema
por los procesos industriales a gran escala, la remoción de millones de
toneladas de tierra a lo largo de cientos de kilómetros de túneles que
socavarían la tierra y generarían cambios irreparables en la biota y la micro-biota,
con lo que, a mediano plazo, significaría la desestabilización del ecosistema y
un daño ambiental irreparable que afectaría a las futuras generaciones. Dentro
de estos argumentos se hallan las profundas falencias que registran los escasos
estudios que se han realizado y la profunda debilidad institucional para
realizarlos con propiedad, un control sobre los procesos y vigilancia en su
cumplimiento, acumulando de esta forma la insostenible viabilidad razonable al
proyecto megaminero.
Un tercer grupo de argumentos tiene que ver con la debilidad misma del estado
para garantizar procesos seguros, equitativos y en beneficio de todos. Esto es
inocultable y tiene que ver con la permeabilidad en la administración del
Estado colombiano por la corrupción, con especial acento en las últimas
décadas. No creo necesario volver a enumerar los casos de corrupción en que
comunidades enteras como las de la Guajira, los llanos, el interior y la costa
han visto como un grupo pequeño de bien organizados corruptos les han rapado su
bienestar y degradado por completo su territorio. El caso Cerro matoso,
Cerrejón y proyectos hidroeléctricos están a la orden del día; contratos de
explotación aurífera, de carbón, ferroníquel, entre otros, a grandes mineras
con todas las excepciones de impuestos a cambio de nada, leyes prefabricadas
para beneficios directos a Consorcios especialistas en los mal llamados
“lobbies” comerciales a políticos y líderes de los sectores con promesas que
nos recuerdan la fábula de la cantinera. Supuestos millones en tributos que
jamás se verán.
Luego, debe ser claro para los santandereanos que no es posible confianza
alguna, que no existe ninguna buena fe por parte del gobierno nacional, lo ha
demostrado con sus nombramientos en las instituciones como la ANLA, las
declaraciones de los ministros de hacienda y de minas y su absoluta
permisividad con el uso y el abuso de las multinacionales en nuestro
territorio.
A esto hay que sumarle las acciones de los grandes medios de comunicación
nacional, quienes se han postrado ante el poder económico de estas
multinacionales. Hemos vistos los publireportajes realizados por los periódicos
de mayor circulación y los foros en los que pintan pajaritos en el aire a los
incautos que ven en las sobras que caen de la mesa su mayor opción de crecimiento
y riqueza.
Ante estas circunstancias, no podemos pecar de incautos, no es posible
llamarnos a esperar una acción sincera del ejecutivo nacional ni de ninguna de
las instituciones amalgamadas con la corrupción, que en teoría deberían decidir
por el bienestar de los ciudadanos presentes y futuros. Debemos actuar, debemos
tener claro conocimiento del riesgo y de sus ambiciones, debemos utilizar los
instrumentos legales y la presión social para que todos los colombianos y
especialmente los santandereanos y norte-santandereanos seamos ciudadanos
activos en la defensa del páramo. No debe seguirse permitiendo la des-regularización
de la ley en la protección ambiental, debe acudirse de manera individual y
colectiva a los instrumentos legales constitucionales para salvaguardar la
integridad del territorio y de la ley misma.
Concretar las propuestas plasmadas en los planes de desarrollo para organizar
una estrategia socio-jurídica para defender el territorio, implementar de
manera amplia y decidida una verdadera cátedra del agua para que, tanto jóvenes
,como empresarios y ciudadanía en general, tenga claridad de lo que está en
riesgo. Integrar acciones interdepartamentales que vinculen a los ciudadanos
habitantes del páramo en programas serios de pagos por servicios ambientales y
la diversificación en proyectos de empresas ecológicamente sostenibles. La
vinculación de programas ambientales internacionales para protección e
investigación de nuestros páramos.
Por último, reitero un
llamado a todos los santandereanos: No esperemos que otros hagan lo que por
deber y por derecho nos toca en esta hora histórica de nuestro departamento,
salgamos a defender nuestros páramos!!
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