¿Dónde está la vara de Esculapio?

Por 
Diego F. López Gómez
@ProfeDiegoLopez

Aquel que tenga salud tiene esperanza; y aquel con esperanza lo tiene todo (Proverbio árabe)

Algunas personas, ingenuamente, creen que la corrupción se mide en puestos políticos, en burocracia creciente o robos en contratos de obras públicas. Sin embargo, por si fuera poco lo anterior, la peor parte de la corrupción la pagamos con vidas de ciudadanos.

Este fin de semana se está cruzando por las cifras más altas de contagios de COVID-19 (11.400 personas ayer), casos activos (170.000) y decesos (11.300) para un total de más de 340.000 colombianos. Hasta ahí el panorama es desolador, pues detrás de cada número hay una historia de familia y de comunidad que pierde a un ser querido y valioso. Asaltan todo tipo de dudas y embarga el dolor. ¿Qué se hizo en los últimos cuatro meses de ventaja que se tuvo frente al avance del virus?, ¿Por qué es tan lento el sistema institucional para responder frente a tremendo reto?, ¿Por qué hay tanta gente creyendo en conspiraciones supraterrenales y desprevenida frente a la pandemia?, ¿Cuáles estudios se han desarrollado en el país para combatir de manera contextual la diseminación del virus y sus posibles paliativos y tratamientos? 

Hemos visto que el virus desveló las profundas falencias de nuestro país, un grupo humano poco educado y por tanto inconsciente, pero sobre todo una corrupción sin taza ni parangón. Que no se mide frente al dolor ni a las condiciones mínimas para que el país sea un lugar decente para vivir.

Dentro de todos los males, el sistema de salud, del que tanto hemos hablado, mostró su peor cara. Un sistema ineficiente, un sistema asesino que, mostrando su total languidez, no puede afrontar la tremenda embestida que supone una pandemia, pero que además envilece la condición humana no solo para enfermos del COVID y trabajadores de la salud, también de aquellos que vemos incrédulos como enfermarse de cualquier cosa puede llevarnos a las condiciones medievales y a la muerte por pura falta de atención.

En Santander existen ochenta y tres hospitales públicos, una cifra significativa si tuviesen las condiciones para atender realmente a quien requiere los servicios médicos hospitalarios, pero en muchos de ellos, los mismos médicos y pacientes deben llevar los recursos mínimos para ser atendidos. Setenta y cuatro hospitales son de primer nivel, que en la práctica son poco más que un centro de salud a la vieja usanza, administrados por cuotas politiqueras en su mayoría y con escasos fondos para prestar sus servicios; solo siete son de segundo nivel y apenas dos miserables gozan de la calificación de hospital de tercer nivel para atender a más de dos millones doscientas mil personas.

El caso del hospital de San Gil es una muestra aberrante de la desidia y de la crisis permanente en que se tambalea el sistema hospitalario en Santander (y del resto del país). Según el contrato inicial, el fin de semana pasado debió haberse inaugurado un complejo hospitalario digno de la provincia guanentina, que brindara condiciones, al menos estructurales para atender a los más de doscientos mil habitantes. Esto no ocurrió, pero no solamente no ocurrió, sino que está lejos el día esperado, porque se han presentado una serie de irregularidades desde el inicio del proyecto que lo único que han dejado es un detrimento de más $51 mil millones y unos ciudadanos al vilo de la muerte.

En el bello pueblo del Socorro otro tanto transcurre, la inoperancia de la gobernación permitió que el pueblo se quedara sin el servicio de UCIS, al cerrarlas por una deuda de más de $26 mil millones de pesos con un contratista privado; y con esto los pacientes agregados por la pandemia tienen un viacrucis hasta la capital, que de paso sea dicho tampoco tiene ya camas UCI.

Y si por allá no llueve, por Barrancabermeja no escampa. La corrupción ha dejado al hospital que atiende al magdalena medio en una gravísima crisis que de milagro logra mantenerse a flote y con un déficit que ya hace rato superó los $20 mil millones, gran parte de sus trabajadores tercerizados y una administración sin espacio de maniobra.

Debemos volver la vista y preguntarnos ¿qué es lo que ha pasado con los dineros que aportamos al sistema de salud? ¿De dónde salen los recursos para el sistema y a dónde van a parar?

Volvemos entónces a la dichosa Ley 100 de 1993 que abrió las puertas para hacer de la salud un negocio de privados. Y estas dos palabras son la clave para entender groso modo por qué hemos llegados a estas instancias tan dolorosas. La salud no puede ser un negocio en el entendido en que es una necesidad básica del ser humano y es el constituyente primario de un Estado de derecho; en esa medida, el mismo Estado debe asegurarse de crear un sistema responsable que sea capaz de desarrollar desde la medicina preventiva que asegure ciudadanos cuidadosos de su salud, hasta avances técnicos y tecnológicos que propendan por la investigación en todos los campos de las ciencias médicas.

Naturalmente, en tanto se hizo del sistema sanitario un negocio, implicó unas ganancias, que en manos privadas genera otros conceptos como el de máxima rentabilidad, relación costo-beneficio etc. 

De manera consecuente, el esquema de la salud, según la Ley 100 permitió que grandes empresarios desarrollaran monopolios y se enriquecieran a costas de espoliar los pagos obligatorios que hacemos todos los colombianos, ya del régimen contributivo, ya a través de impuestos en régimen subsidiado, a la vez que el entramado administrativo creó una serie de instancias y regulaciones que volvieron un laberinto de creta el acceso a la atención médica para la inmensa mayoría, y una avenida pavimentada a un sistema de recobros y pagos estratosféricos al Estado por la prestación de servicios y de medicinas en un horroroso Plan Obligatorio de salud (POS) que terminó con la liquidación de muchas EPS. Con ello dejo sin cobertura a la gente, pero con una inmensa riqueza a sus dueños que se han empeñadado en derrochar y pervertir el dinero confiado para la salud.

Hace poco con bombos y platillos el Presidente Duque promulgó el acuerdo de Punto final, que nada tiene de punto final porque se trata de seguir abriendo huecos para tapar otros con el agravante que son billones de pesos de los contribuyentes a manos privadas sin que en nada se mejore de fondo el sistema.

Sea este momento de pandemia no solo para lamentarnos, sino para exigir con vehemencia un punto final a este sistema asesino de salud que nos impusieron los señores feudales y trabajar en un verdadero sistema integral de atención que tenga por fin el bienestar de todo colombiano desde la cuna hasta la tumba y como la vara de Esculapio, nos de la salud que merecemos.