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miércoles, 19 de agosto de 2020

Los jóvenes son el presente. ¡no los maten más!

No nacimos pa semilla… es una frase, tal vez lapidaria de la película Rodrigo D No futuro, dirigida por Víctor Gaviria y rodada entre 1986 y 1988 en la ciudad de Medellín. 

La crudeza con que en este rodaje se muestra la violencia y especialmente esa violencia engendrada en las desigualdades y agudizada por el narcotráfico, con unos actores fundamentales que no sobre pasan los 25 años. Sí, jóvenes todos ellos y en muchos casos tan solo niños que su única oferta de vida era transitar desde sus escasos años por esa delgada línea que termina siendo cómplice entre la pobreza y la violencia.

Esa línea que no les ha permitido a cientos de miles de jóvenes ser semillas de un país que profesa el respeto por la vida y que se mueve sobre la base de un Estado garantista de los derechos humanos. El país se acostumbró a ofrecerles con rimbombantes discursos, desde diferentes escenarios institucionales, a esos jóvenes un futuro promisorio y como si fuera premonitorio, con esto solo les han negado siempre el presente. 

Cientos de hechos criminales se han impuesto en todos los rincones de la patria sobre la frescura y la ilusión de miles de muchachos que cargados de esperanza se estrellan no solo con la realidad de sus limitaciones producto de su pobreza, sino que, además, muchos de ellos emprendedores de un mejor país, han asumido desde los centros educativos y las universidades aportar sus liderazgos que vayan consolidando un país realmente democrático. 

Esos sueños se han visto truncados por la muerte tempranera que les llega o por la vía del conflicto social o por la mano impune y criminal de agentes del Estado, que siguiendo las estrategias implementadas de los conflictos de baja intensidad masacran sin compasión a quienes consideran por sus posiciones políticas “servidores” de cuanta guerrilla pueda existir en el país. 

La masacre de Villatina ocurrida el 15 de Noviembre de 1992 a manos de efectivos del antiguo F-2 disfrazados de civil, muestra con suficiencia lo absurdo de un país que pretende extirpar las causas de la violencia con más violencia. Y peor aún, con violencia institucional. 

En el periodo comprendido entre 1996 y 2003 en solo la región Caribe paramilitares asesinaron a 17 profesores y 20 estudiantes. Y del 2000 al 2018 hay registrados 114 casos según denuncias conocidas por la JEP en diferentes regiones del país donde han sido amenazados, asesinados o han tenido que irse al exilio para evitar que la brutalidad de la violencia los alcance. 

Eso que se conoce como terrorismo de Estado y que se implementó como estrategia contra insurgente en muchos países de centro y sur América. 

Cientos de casos registrados, en su mayoría, miles de jóvenes que no tuvieron ni presente ni futuro. 

El conflicto social por una parte y las diferencias políticas por otro lado se llevan por delante a aquellos jóvenes que víctimas de la exclusión se entreveran en la cotidianidad que les oferta de manera puntual el microtrafico, el pandillismo, las bandas organizadas o en últimas en su decisión individual de ganarse la vida cayendo en la ilegalidad. 

Pero también, cientos de jóvenes criteriosos que más allá de querer ser aspirantes a cargos importantes debaten constantemente y están en la lucha política, en la calle, manifestándose de manera pacífica, pero con vehemencia, defendiendo no solo sus derechos, a una educación pública de calidad y gratuita sino enarbolando banderas de justicia, como la de la salud, el empleo y la defensa del medio ambiente y del agua. 

Constituyéndose por esa razón en blanco de organismos del Estado que de manera determinada los acorrala con procesos judiciales o acudiendo a actos violentos donde miembros de estos organismos se ven involucrados directamente. 

Y es más desalentador aún, cuando en el país que creíamos haber superado estos momentos aciagos de la historia se revive esa espiral con masacres como la de Cali y Samaniego. 

Vendrá la rigurosa investigación como suele suceder, podrá ser que en estos tiempos donde se reclama la verdad no haya más impunidad, pero lo cierto es que esto no puede permitirse de nuevo. No podemos aceptar que esta generación de jóvenes sea intimidada, se les venda el miedo, se les ofrezca la violencia como remedio o a las causas estructurales de la pobreza o la diferencia política.

La sociedad está harta de esto. Basta ya de impedir que esos nuevos liderazgos se consoliden, debemos defender con ahínco a nuestra juventud que tiene más presente que futuro, que permite vislumbrar un gran cambio en el país, que asume responsablemente y con determinación tener una gran Nación.

El país no puede seguirse colgando “medallas de oro” por muertes de jóvenes como quiera que se puedan dar. 

Toda la sociedad en su conjunto debe manifestarse y con la mayor contundencia emplazar a este gobierno a que evite que esto siga sucediendo.

No nos podemos dar más el lujo de desperdiciar otra generación, no podemos avanzar si ellos, los jóvenes de hoy no tienen la posibilidad de ganarse dentro de la democracia un lugar, independientemente de sus creencias y su condición social. 

Esta sociedad, la nuestra, la colombiana, la que se emociona con influencers banales, con prototipos de jóvenes exitosos en negocios, pero con el cerebro lleno de aserrín, de jóvenes que ensimismados en sus egos les importa la suerte de sus congéneres. 

Esta sociedad debe despertar y valorar eso si a los millones de jóvenes que sin tanta parafernalia todos los días asumen tener un mejor país para ellos y los demás. Con ellos, por ellos y para ellos debemos decirle a quienes ejercen la violencia para evitar que sean semilla, que no estamos dispuestos a permitir una masacre más. 

O este gobierno se hace responsable de la seguridad y la vida de nuestra juventud especialmente o este gobierno definitivamente se hace cómplice nuevamente de los asesinos que sin ningún argumento más allá de la irracionalidad siguen creyendo que con el terror van a impedir que el país de la vuelta a la historia y se enrute por el camino de la justicia, la equidad y la democracia plena. 

¡De todos depende!!!

EMIRO ARIAS BUENO 

Economista

Mg en ciencia política 

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