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lunes, 7 de septiembre de 2020

No al fracking. Un gran triunfo para la humanidad

 

La NO aprobación del articulo 210 en la Ley de regalías, que hace curso en el Senado de la República, con 39 votos a favor y 44 en contra y que pretendía otorgar incentivos tributarios a las empresas que desarrollaran extracción de hidrocarburos de yacimientos no convencionales, es decir, a través de la técnica de Fracking, es un gran triunfo para el país, pero especialmente para nuestro departamento de Santander donde se pretende establecer el 59% de la explotación total del país. 

Las consideraciones de orden ambiental y de orden económico, al igual que en Santurbán, están a disposición desde diferentes opiniones y desde variadas experiencias, incluidas las de EE UU donde esta práctica de explotación lleva ya varios años y que, por condiciones de orden geopolítico, han privilegiado los aspectos económicos por encima de los ambientales.

Allí, la Agencia de Protección del Medio Ambiente EPA, determinó que las aguas subterráneas estaban contaminadas con componentes químicos como lo habían denunciado en muchas regiones del país.

EE UU produce hoy cerca de 10 millones de barriles por día, permitiendo concentrar sus actividades productivas con autosuficiencia energética. Los problemas ambientales que enfrenta este país son de considerables consecuencias, en tanto las fuentes hídricas, el aire se contamina, amenaza a la salud pública, problemas de orden sísmico, dificultades en economías locales, disminuye los valores de la propiedad inmobiliaria y acelera el cambio climático de manera exponencial. 

De tal manera, la discusión en nuestro país debe contemplar los escenarios que el mundo ha permitido observar tomando, además, los principios constitucionales que sobre el medio ambiente ha sentenciado, por un lado, la corte constitucional, contemplando que:

“La conservación del ambiente no solo es considerado como un asunto de interés general, sino principalmente como un derecho internacional y local de rango constitucional, del cual son titulares los seres humanos, en conexidad con el ineludible deber del estado de garantizar la vida de las personas, en condiciones dignas, precaviendo cualquier injerencia nociva que atente contra la salud. Al efecto la constitución de 1991impuso al Estado colombiano la obligación de asegurar las condiciones que permitan a las personas gozar de un ambiente sano y dispuso el deber de todos de contribuir a tal fin, mediante la participación en la toma de decisiones ambientales, entre otros” ( Sentencia T-154/13) 

Así mismo el Consejo de Estado se ha pronunciado respecto del medio ambiente, de la siguiente manera:

“El medio ambiente hace parte de lo que la jurisprudencia constitucional ha denominado la constitución ecológica, conformada por el conjunto de disposiciones superiores que fijan los presupuestos a partir de los cuales deben regularse las relaciones de la sociedad con la naturaleza y que buscan proteger el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras. En este orden de ideas, es importante destacar que el principio de desarrollo sostenible se encuentra consagrado expresamente en el artículo 80 de nuestra constitución.”

El concepto de desarrollo sostenible consiste entonces, en la exigencia de explotar los recursos naturales dentro de determinados parámetros, que garantice su uso racional y su preservación en beneficio de las generaciones presentes y futuras tal cual lo destaca el Consejo de Estado. Y en ese mismo orden de ideas, las autoridades ambientales públicas deberían tener ya sendos pronunciamientos al respecto. Pero igual, como lo hemos observado con el Páramo de santurbán, guardan silencio cómplice, tanto la ANLA en este caso como la Agencia Nacional de Hidrocarburos en el caso del Fracking. 

Haciendo uso del derecho internacional, refrendado en múltiples providencias de diferentes organismos multilaterales como Naciones Unidas, es preciso recordar los principios de prevención y precaución, que contemplan entre otras cosas que, conociendo cuáles son los riesgos y sus alcances, se debe evitar el daño sin que el precepto de reparación prime sobre los dos primeros.

Es decir, que no basta con que se contemplen las compensaciones ambientales y que la ley las regule hasta 25 años después de terminada la actividad de explotación minera o de hidrocarburos, sin tener como prioridad el evitar que cualquier intervención del territorio deteriore las condiciones socio ambientales que allí se puedan presentar.

Cuando las consideraciones de orden técnico, económico, social y cultural indiquen que todo se puede modificar en detrimento del derecho constitucional de tener una vida digna.

Nuestro departamento ha sufrido como nadie el fenómeno del extractivismo, sector que representa tan solo el 4.3% de nuestras actividades económicas. Flagelos como el de la violencia, el desplazamiento vocacional de mano de obra, la dependencia mono productora de hidrocarburos que representan el 80% de nuestras actividades industriales, que avanza al ritmo de los precios internacionales del petróleo cada vez con mayores dificultades y que sume a una ciudad como Barrancabermeja en la más infinita pobreza y con escandalosos niveles de desempleo, cercanos, antes de la pandemia al 24%. 

Nuestras provincias como la de Vélez, Guanentina, Comunera, ricas en producción agrícola, generadora de empleos y de pequeñas propiedades minifundistas donde se sustenta la producción de guayaba, caña de azúcar, café, tabaco, frijol entre otros tantos productos de pan coger, se verían seriamente afectadas si se llegaré a implementar esta técnica no convencional de explotación de hidrocarburos. 

Y reitero mi insistencia, a cambio de qué? Unas pírricas regalías que no compensan los ingresos vs los egresos de esta actividad que en ultimas dejan un ejercicio negativo para el país, como también ya lo hemos demostrado con el negociado de Santurbán, donde prácticamente terminamos regalando nuestro oro. 

Nuestros parlamentarios, especialmente el Doctor Edwin Ballesteros debería entrar en la reflexión y reconsiderar su posición respecto de este tema tan crucial para nuestro país y sus gentes.  La provincia de Vélez, doctor Ballesteros, tiene 110 fábricas de bocadillos que generan 7000 empleos, con unas ventas anuales de 25.000 toneladas estimadas en $ 75.000 millones de pesos.

La cadena productiva beneficia a 15.000 familias. Requieren de una despulpadora para consolidar su producción. El Modelo extractivista tiene ejemplos claros en nuestro país de su funcionalidad, solo miseria y desolación ha venido dejando en departamentos como la Guajira donde diariamente mueren y mueren niños producto de la desnutrición mientras la riqueza se va a manos llenas en las góndolas del tren. 

Tenemos infinitas posibilidades para desarrollar nuestra región en sectores que realmente generan valor agregado, riqueza y empleo para miles de personas, con impactos ambientales mínimos que permitirían que nuestra región genere el 25% del PIB del país.

No construyamos un castillo de naipes, Venezuela es el mejor ejemplo de lo que no se debe hacer sustentando el desarrollo posible de una Nación en los hidrocarburos. Fortalezcamos a nuestros campesinos, propiciemos acuerdos que protejan a nuestros pequeños y medianos empresarios, especialmente a los manufactureros y hagamos de este departamento el rincón del mundo donde el medio ambiente privilegio la vida sobre el espejismo de la riqueza fácil.  

Entre todos podemos.

Emiro Arias Bueno

Economista. 

Mg Ciencia Política.

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