¡ARRIBA LAS MANOS! CEMENTO Y VARILLA O LA VIDA

Iniciamos el 2021 con grandes expectativas y con el optimismo de poder ir resolviendo de manera gradual los graves daños que la pandemia a infligido a la humanidad y en especial a nuestro país y su deteriorado aparato productivo.

Quiero iniciar mis columnas de este año llamando la atención sobre el carácter de nuestros mandatarios locales y el departamental y cómo han asumido la pandemia desde lo institucional.

Pues bien, en un análisis que hicimos al SECOP de las alcaldías del área y la gobernación desde marzo hasta agosto del año 2020, encontramos una inversión muy pequeña en atención y asistencia al sistema de salud y poco o casi nada en atención a los ciudadanos más vulnerables.

Se quedaron en unos mercados que en el caso de la Gobernación sólo fueron cerca de seis mil y que llegaron a menos de veinticuatro mil personas, de las cuatrocientas mil que están en condición de pobreza en nuestro departamento y que solo alcanzaron a cubrir tres días de alimentación.

Y si en el caso de los ciudadanos más vulnerables, la situación ha sido así, para los pequeños y medianos empresarios, esos que soportan el grueso de nuestro empleo, la atención ha sido nula.

El Gobierno Nacional en lugar de generar, por un lado, la propuesta del congreso de la renta básica y de apalancar recursos vía subsidios direccionados a las PYMES lo que hizo fue bancarizar los recursos de nuestros impuestos entregándolos a los grandes grupos financieros y a la banca de segundo nivel, para que a través de créditos “formales” trataran de acceder a recursos que paliaran la catástrofe generada por la pandemia.

En el caso por ejemplo del IMEBU, hay cerca de veinte mil millones de pesos que Bancoldex tercerizó a través de cooperativas locales con escasas solicitudes y desembolsos efectivos.

Lo grave del asunto es que nuestros mandatarios aún, luego de casi un año, no dimensionan la tragedia que el Covid ha producido y la urgente necesidad de abordar la situación con la rigurosidad que ello amerita.

La ley 1523 de 2012 o ley denominada PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES en su articulado determina una serie de procedimientos para que todos los entes territoriales los apliquen en la prevención del riesgo o en la intervención correctiva de un desastre.

Y califica los desastres en cinco categorías: los naturales, los socio-naturales, los tecnológicos, los humanos y los biosanitarios. Estos últimos tienen que ver desde la picadura de un animal, hasta los efectos producidos por los virus o pandemias como es el caso actual del Covid-19.

Y contempla también la ley como debe manejarse un desastre. Lo primero, es prepararse para dar respuesta al desastre, lo segundo, es prepararse para la recuperación del desastre, lo tercero, ejecutar la respuesta y lo cuarto, ejecutar la recuperación.

En el caso de nuestra región las oficinas de gestión del riesgo de desastres se hicieron las de la vista gorda y con unos mercaditos pasaron de agache tremenda responsabilidad que les obliga la ley.

La pandemia no solo ha producido una catástrofe de pérdida humanas, sino que ha producido una CRISIS HUMANITARIA que ha afectado la vida, la salud física y mental, la dignidad humana, los mínimos vitales y el empleo.

Todos sin excepción continuaron con sus planes de desarrollo y aprobaron sus presupuestos sin la más mínima intención de aplicar lo que por obligación deben hacer.

La ley es clara. Lo que ha sucedido es un desastre a todos los niveles. Es como si el viejo rumor popular de la caída del cerro de Morrorico se diera producto del desplazamiento de la falla geológica que atraviesa nuestra área metropolitana que viene desde el municipio de Vélez y termina en Santa Marta y que en Bucaramanga bordea toda la franja oriental pasando por la carrera 40 y el barrio Pan de Azúcar. 

El Alcalde, ante ese hipotético no podría irse y dar unos mercados, hacer unos videos, subirlo a sus redes y hasta luego. NO!!! Tendría que asumir de manera oportuna todas las consecuencias que ello originara, asistir a las familias haciendo plan de choque en todos los niveles, garantizar su subsistencia, reubicarlos en viviendas dignas, etc.

En el caso de este desastre biosanitario los mandatarios locales y el Gobernador debieron hacer lo mismo, pero no. Por el contrario, mientras nuestro pequeños y medianos empresarios se baten a duelo contra las condiciones precarias en que se encuentran, sobreviviendo en un harakiri colectivo a punta de créditos del gota-gota el gobernador por ejemplo sin desparpajo le propuso al presidente Duque que le diera cuarenta mil millones de pesos para sumar esto a otros cuarenta mil que él (como si fuera el dueño de los recursos tenía) para hacer canchas y otros escenarios deportivos.

El Alcalde de Bucaramanga que resultó ser todo un paquete, sigue empeñado en hacer de la ciudad un experimento tecnológico gastando buena parte del presupuesto de los cuatro años en eso, mientras más de cinco mil PYMES con más de cien mil empleos directos, están al borde de la quiebra. Y en Florida no es distinta la cosa. Allá están tan, tan preocupados con la movilidad que les compraron botas a los guardas de tránsito por montos cercanos a los novecientos mil pesos por cada par.

Esa ha sido nuestra realidad. Una desconexión total de los actores gubernamentales amparados además bajo el silencio cómplice de los partidos políticos quienes los avalaron.

¿Es prioritario hoy hacer obras de cemento y varilla? Dadas las condiciones actuales lo que está en juego no son unos empleos más, no es la permanencia de unas empresas más, no es si unas familias comen solo una o dos veces al día y se convierten en una estadística adicional a las ya tantas existentes.

Señores alcaldes y señor Gobernador, lo que acá se está jugando son los derechos fundamentales contemplados en nuestro ordenamiento jurídico, la prioridad hoy es la gente, el empleo, el ingreso, la productividad que no se va a reactivar a punta de decretos. Modifiquen sus presupuestos. Señores diputados, señores concejales, háganlo.

EMIRO ARIAS BUENO

Economista

Mg en ciencia política