¿Desarrollo o ambiente? La polémica dicotomía del Fracking en Colombia

El fracking en Colombia es un tema tan controversial como desconocido. Diferente a lo que se piensa actualmente, hace muchos años se está hablando de fracturación hidráulica. El tema de la extracción de hidrocarburos convencionales y no convencionales en el país ha necesitado mucho del enfoque jurídico, económico y ambiental, donde como es común en una relación social tan compleja y fluctuante como el Estado, han existido distintas disputas ideológicas y políticas.

Dentro de dichos discursos, es claro que tienen gran peso aquellos actores que interactúan en las luchas por los poderes del Estado. Estos tienen fines y discursos distintos que encajan a sus propósitos para llegar a cargos, contratos, finalidades de partidos o movimientos y un sinfín de cosas más. Siguiendo con lo mencionado anteriormente, dentro del fracking no solamente hay formas gubernamentales sino que también hay empresas que ya han trabajado en sectores de refinamiento, extracción y demás procesos, es claro que una de las fuerzas políticas o al menos voz política más fuerte es la voz de la ciencia y tecnología. El problema del fracking se hace aún más arduo cuando nos damos cuenta que hay una cuestión sociocientifica que inmiscuye el debate en otras zonas del conocimiento. Desde un principio, el fracking se estipula dentro de la promoción de un desarrollo, además de una riqueza dentro de las investigaciones, métodos y técnicas de la materia, hablando mucho más allá de Colombia. Entonces, muchos de los actores han defendido esta práctica de la fracturación hidráulica bajo la discursividad de que la ciencia es madre del conocimiento y por lo tanto, casi con aseguraciones de tinte positivista, es ella quien tendrá la última palabra respecto qué tan peligroso es o no un proceso, esto con respecto los argumentos de las acciones violentas y las problemáticas ambientales que se le atribuyen a la práctica. A continuación, trataré de explicar tal dicotomía, justamente criticando las formas totalitarias que ignoran opiniones externas. 

En la historia de Colombia, la lucha de poderes y discursos ha colibrado la balanza gracias a la instrumentalización de la ciencia por parte del derecho. Autores como Bob Jessop explicaban que dentro del aparato estatal hay una constante búsqueda por colibrar los poderes, lo que refiere a que cada uno de los interesados en ejercer dicho poder intentará mover la balanza a su favor desde aspectos estratégicos y relacionales, por lo tanto, no es extraño que el bando jurídico en el debate del fracking apoyen sus discursos con visiones garantistas y científicas. Todo esto lo podemos ver en las grandes lagunas jurídicas que se han visto frente a la ley que ha intentado regular la extracción de hidrocarburos convencionales y no convencionales, pues desde el decreto 1053 de 1953 empiezan a estructurarse muchísimas normas que señalan las obligaciones para asignar contratos de explotación, así como las ofertas, las reglas, las regalías, la revisión de títulos e incluso las formas de transporte de los recursos y aspectos de la refinación, hasta nuestra actualidad, con el decreto 328 de 2020 donde se da una aprobación a los planes pilotos y el inicio de la revisión de las licencias ambientales, lo que traduce en una pequeña victoria del sector político y energético que buscó durante años un papel en Colombia respecto al tema. 

En tal caso y sin olvidar lo que mencionamos, toda esta victoria se disfrazó bajo la aprobación de la ciencia y su importante papel en el desarrollo de los países, donde se ha promocionado desde muchos sectores la idea de que no existe tal dicotomía entre el fracking y la vida, pues importantes científicos y “minuciosos” estudios niegan daños ambientales en los procesos, ignorando la voz de muchos académicos, líderes sociales y lo más importante, comunidades cercanas que desconocen y temen lo que sucederá en su territorio. A ese interés y supremacía del conocimiento científico sobre otros se le conoce como violencia simbólica y está haciendo que el debate se desvíe en innumerables ocasiones, lo que trae consigo no solo problemas en la reglamentación, contratación y extracción de los hidrocarburos, sino que también representa fuertes sesgos dentro de estas perspectivas. 

Muchos sociólogos y académicos, entre ellos María Ochoa Sierra en su increíble texto La teoría como representación social, la lucha por el posicionamiento de significados, han identificado que desde la historia, hay campos epistemológicos dominantes frente al conocimiento, primando claramente la ciencia. Ella argumenta que dentro del campo científico hay unas problemáticas por el posicionamiento de lo que denominan como realidad. Expone que en el campo científico hay un capital simbólico, que es aquel que genera una clasificación y posicionamiento de teorías, donde los pensamientos o razones en unas y otras adquieren un valor sumamente importante para la validez de los argumentos planteados. En ese capital, la importancia de los agentes toma un gran valor, ya que son ellos, los académicos normalmente de gran reconocimiento, quienes podrán dar una mayor o menor importancia y proporcionar un gran peso en el posicionamiento de las teorías, discursos, etc. Ella también menciona el habitus como aquella acción del agente para insertar sistemas simbólicos. El conjunto de estos procesos dará lo que Bourdieu denomina como violencia simbólica, la cual genera la falsa creencia de la superioridad de una teoría sin ahondar en sus fundamentos culturales, sociales y simbólicos. Y dado a que el acceso al saber y la verdad han estado condicionados para un sector social, genera unas brechas que ocasionan que quienes no puedan tener el saber y las oportunidades, reproduzcan lo dictaminado. La violencia también es generada de una forma más disimulada cuando el vocabulario y el lenguaje usado requiere de un estudio y pre saberes que encierran el conocimiento a un pequeño círculo social, eximiendo a la gran mayoría de personas, muy justo para el tema a tratar, donde es claro que la ventaja del primer sector está ahí: estratégicamente tiene el capital económico para promover campañas y proyectos sobre lo que quieren que las personas sepan del fracking, y en su aspecto relacional, ostenta el capital simbólico de la ciencia: la credibilidad. 

Entonces, campeona desde ahí, la ciencia se presenta siempre como lo puro y lo que constantemente se renueva en la búsqueda de las verdades e incógnitas que tiene el ser humano. A esto le podemos agregar que, el derecho, herramienta de los poderes estatales, ha edificado muchas de sus propuestas en una visión metodológica-científica. Con lo visto anteriormente, es innegable que el papel que cumple la ciencia es importante y debe ser escuchado, no obstante, gracias a concepciones como el Estado Social de derecho y la primacía del ser humano como fin, hay precisiones jurídicas que atribuyen que aquí no se lleve una perspectiva unilateral; con esto me refiero a que no debe ignorarse el papel ciudadano en decisiones fundamentadas, importantes y relevantes para la construcción de su estructura social, por lo tanto, hay que plantear que un tema como el fracking con un alto grado de indiferencia política como lo menciona Carlos Andrés Mazo, James Esteban Arango y Paula Andrea Amelines, “no puede seguirse estudiando y afrontando de manera aislada”. Herramientas como los principios fundamentales de la Constitución de 1991, deben ser parte del debate para una formación de ciudadanos responsables que puedan fundamentar con sus argumentos unas discusiones surgidas entre los intereses ambientales que se ven en conflicto con las características lentamente progresistas y científicas del fracking. 

Es así que existe entonces un papel dinámico del conocimiento, pues si bien es importante considerar una voz respecto a la formación científica, una ciudadanía integral permitirá que los conceptos científicos no sean alejados o encasillados en una zona elitista, y además, permitirá que puedan usarse en contextos en el abordaje de situaciones materiales reales como la resolución de problemas que está evidenciando la falta de contextualización del fracking. Las ciencias deben tenerse como constructos dinámicos y lógicos que visualicen valores y limitaciones para ellos mismos, pues justamente como se ha visto, Latinoamérica es un territorio caracterizado por problemáticas ambientales y sociales que han estado relacionadas con pobreza y poder, por lo tanto, debe reconocerse una relación a los intereses políticos y económicos y es menester ser consecuentes con los problemas éticos que todo esto conlleva. 

Siendo así, no hay una única perspectiva válida dentro de la explotación de recursos naturales no renovables en Colombia, lo que hace peligroso que se encasille como parte esencial del eje del desarrollo económico. Es responsabilidad de todas las fuerzas del Estado deben luchar por el desarrollo sostenible que proteja los derechos colectivos de las comunidades también y también los individuales priorizando la salud humana, la calidad de vida, observando los niveles de pobreza y la precarización de las generación de oportunidades laborales, todo esto sobre los beneficios petroleros y mineros que atribuye el fracking. Agregando material jurídico, la participación de la actividad minera y su choque con la constitucionalidad se vio desde la ley 1382 del 2010 luego de que la sentencia C-366 del 10 de mayo del 2011 lo declaró inexequible, reconociendo que si bien hay una seguridad jurídica dentro de la minería, no puede negarse que ésta compromete un daño al ambiente. lo que deriva en problemas de conservación ambiental de humedales, ríos, nacimiento de aguas y recarga de acuíferos, aspectos que pueden llegar a ocasionar pérdidas significativas en conservación ambiental y vida pacíficamente en fauna, flora y habitantes del territorio. Curiosamente, la mayoría de los habitantes de dichos territorios afectados pertenecían a comunidades negras e indígenas, así como a campesinos, por lo que no solamente se hablaría de un daño ambiental sino también de una carga fusiladora para los sectores menos amparados en la sociedad. 

Finalmente, es importante la necesidad de construir un mejor marco que establezca condiciones claras y elaboradas sobre el fracking, específicamente reconociendo que el sector más beneficiado constantemente refiere al sector económico. Por lo tanto, hablar del fracking como se ha hecho hasta el momento no ha sido lo propiamente mejor, porque en el caso de Colombia, necesita de un trabajo interinstitucional que vaya muchísimo más allá, donde realmente se escuchen las opiniones y posibles variables asociadas con su explotación, mientras al mismo tiempo se aplican métodos de estudio y conversación popular que permitan hacer el tema menos alejado de lo que ya es para las comunidades cercanas, con el claro objetivo de hacer su comunicación y participación más activa-responsable y les de las mejores garantías de vida y democracia. 

Nos leeremos en una próxima ocasión