La renuncia de Duque, la Asamblea Constituyente y la reducción del Congreso

El país atraviesa una de las crisis sociales más agudas del último siglo. Hemos visto el estallido social de dignidad, rebeldía y resistencia que hoy lleva más de 20 días de aguante. Con un panorama violento a raiz del actuar policial, el Gobierno Nacional y algunos Departamentales han hecho esfuerzos paupérrimos, sin voluntad y maquillados para atender las justas causas del Paro y el clamor popular. A pesar de esto, no se ha podido concretar una Mesa de Negociación clara, concisa, con las y los manifestantes que día a día exponen su vida para la búsqueda de un mejor vivir; algo que sí se ha evidenciado, lastimosamente, es el oportunismo ruin de algunos sectores sociales para buscar relevancia nacional sin sentar cabeza en las exigencias reales que se luchan en las calles.

En este orden de ideas, debido a la gran desinformación y la poca claridad de la totalidad de las banderas en torno al Paro Nacional, han circulado algunas propuestas polémicas y más bien engañosas que le hacen juego al Uribismo y a la derecha tradicional. A continuación, trataré de brindar algunas reflexiones respecto a estas y cómo pueden o no afectar la organización estatal y el pluralismo social al interior de las Instituciones del Estado.

Quizá la más común y leída por estos días sea la reducción del Congreso de la República. Algunas propuestas un poco más o menos radicales que otras. Unas con la intención de reducir a los congresistas a una sola curul por departamento, otras, como la del último Proyecto de Acto Legislativo de la bancada del Centro Democrático, que propone la reducción a dos congresistas por departamento más uno por cada millón de personas. El problema con este tipo de propuestas que se disfrazan de incentivadoras de austeridad es que podrían esconder tras de sí, la concentración del poder político en manos de un solo sector. Es en este sentido, como hacerle juego a este tipo de propuestas podría culminar en un grave problema de representación social en la Democracia Representativa al interior de las Instituciones Estatales. Nos basta solo con analizar el presente para dar ejemplo de lo anteriormente dicho. Hay que ver la conformación actual del Congreso de la República, que, siendo bicameral, es decir, contar con una Cámara de Senadores y una Cámara de Representantes, tiene una mayoría legislativa con una afinidad ideológica conservadurista y derechista mucho mayor a la afinidad ideológica de la izquierda. Esto, a pesar de que la conformación de la Cámara es de 166 representantes y la del Senado de 106 senadores, cada una con algunos congresistas más de carácter transitorio gracias al Acuerdo de Paz.

El problema entonces es la falta de un contrapeso político que pueda tener incidencia en las decisiones legislativas que se tomen en la institución. Hoy, gracias a la poca representación de los sectores políticos de izquierda, poco o nada han podido realizar en materia legislativa por la misma falta de apoyo político para tramitar sus Proyectos de Ley, quedándose tan solo con la posibilidad de hacer Control Político al Gobierno Nacional, el cual, por cierto, muy pocas veces incide en la afectación a algún funcionario del Gobierno, como pasó con Alberto Carrasquilla, con Carlos Holmes Trujillo, con Guillermo Botero y como muy posiblemente pasará con Diego Molano. Un caso bien particular de lo mencionado recientemente sucede con el senador Gustavo Bolívar, electo por la coalición Decentes y senador alternativo minoritario. Este senador ha presentado, según el portal web Congreso Visible de la Universidad de los Andes, un total de 111 Proyectos de Ley, con 25 ponencias y 14 citaciones, de los cuales NINGÚNO de ellos ha sido sancionado como Ley de la República. Según su testimonio, se debe a que muchas veces se le archivan los Proyectos de Ley por parte de los presidentes en turno del Senado y las Comisiones, quienes como se sabe, guardan una estrecha inclinación ideológica con la derecha. Este caso nos sirve para mostrar cómo, en nuestro órgano legislativo, se trabajan las decisiones fundamentales que pueden beneficiar no solo a algunos proyectos que pueden favorecer a una minoría del país, sino también a quienes constituyen mayorías en esa misma institución. Vemos que la voluntad política del agente estatal puede ser un factor importante para traer nuevas alternativas legislativas, pero si el conjunto de relaciones y equilibrio de fuerzas democráticas no se presenta de una manera sana, es imposible llevar a cabo las nuevas ideas. No nos dejemos engañar, sabemos que las mayorías legislativas se conforman actualmente gracias a las pésimas prácticas políticas que se dan en los tiempos de campañas electorales. Prácticas que van desde el clientelismo, el mal proselitismo, la compra de votos, las amenazas paramilitares para las votaciones, el aprovechamiento de las condiciones socioeconómicas de las personas, el miedo infundado con mentiras y las huecas promesas a los más incautos. Quizá trabajar la Democracia Representativa de manera más clara pueda influir en esto, es decir, exigir a quienes están allí, el resultado de su trabajo legislativo, la constante auditoria con su electorado y con el pueblo y de esta manera seguir incentivando al voto con conciencia, incluso, con conciencia de clase. La representatividad de todos los sectores políticos en el Congreso es una necesidad indiscutible, lo que nos debe llevar a pensar dos veces el luchar por esta bandera.

Por otro lado, una de las propuestas que comienza a tomar relevancia nacional es abanderar la búsqueda por una Asamblea Nacional Constituyente. Grave error, esto, en las circunstancias actuales, con un recrudecimiento de la violencia estatal, del paramilitarismo urbano y de las tensiones políticas podría provocar que “el tiro saliera por la culata”. Debemos recordar que, en nuestra actual Constitución Política, garantista y proteccionista se establece como forma de Estado el Estado Social de Derecho, el cual, a pesar de no ser cumplido a cabalidad, sigue siendo un escudo jurídico contra los abusos del poder ejecutivo y una garantía mayor para la protección de los Derechos Fundamentales.

A su vez, es necesario reflexionar de nuevo, quiénes son los promotores principales de este tipo de propuestas, donde llegaremos al mismo lugar: Uribismo y derecha tradicional. A la derecha si algo no le gusta, es velar por el colectivismo, la Prosperidad Social conjunta y la Justicia Social. Es en este orden de ideas como se hace imperante que seamos muy críticos siempre que escuchemos el discurso de quienes dirigen sin importar su afinidad ideológica. En este caso específico, debemos analizar que en el discurso de la derecha nunca se habla de un Estado Social de Derecho, sino de un Estado de Derecho, el cual guarda unas diferencias significativas con el Social y que entre otras cosas no vela por los intereses colectivos y la igualdad material de la sociedad, sino por la protección de intereses particulares. Con esto no quiero decir que tengamos una Constitución perfecta, claramente. Sin embargo, es de gran importancia reflexionar algunos puntos que podrían modificarse: uno fundamental podría ser el cambio de la Policía Nacional del Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior, lo que daría lugar a que esa Fuerza Civil fuese juzgada por la Justicia Ordinaria y no la Penal Militar. Otro punto que habría que modificarse sería la gran centralización que se encuentra en la Carta Magna, de tal forma que se incentive la descentralización y una mayor autonomía regional junto a un menor régimen hiperpresidencialista.

En pocas palabras, lo que pretendo con esto es que analicemos muy bien qué tipo de discurso político reproducimos y qué consecuencias o beneficios podría generar en todos los plazos. Es comprensible que en ocasiones se caiga en este tipo de discursos posiblemente por la falta de legitimidad social que hay alrededor de las instituciones estatales y de los agentes que allí se juntan. No vemos una legislación que proteja los intereses de las mayorías en Colombia, no vemos que la Constitución funcione adecuadamente, pero antes de caer en el juego totalitario, veamos qué razones puede incidir en que la organización que hay no funcione adecuadamente. En mi opinión, el problema de que no se lleve a cabo lo propuesto en nuestra Constitución se debe, en gran medida, a la elección de unos personajes que representan la antítesis de lo allí expuesto, de unas personas sin la mínima voluntad política de hacer cambios significativos y con un gran deseo de llevar el Estado a su punto más Neoliberal. Por supuesto que el compromiso social por un cambio para el país también es fundamental, aún más en un país sumido por la Violencia eterna.

Por último y no menos importante, una de las banderas que comienza a ser viva voz es exigir la renuncia de Duque. A pesar de lo poco probable de esta petición y estando a poco más de un año de terminar su mandato, es necesario que volvamos a pensarnos qué podría generar la renuncia del nefasto presidente que hay hoy día. Esta organización sucesoral, por decirlo de alguna forma, se regula por la ley 5° del 92 y la Constitución Política del 91.

Hemos de decir en este punto, que, ante una eventual renuncia de Duque, quien asumiría el cargo de la presidencia sería la vicepresidente: Marta Lucía Ramírez. Aquí, es necesario detenernos un poco y analizar su trasegar político en Colombia. Esta señora fue Ministra de Defensa en el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que, por cierto, fue el que más agudización de violencia paramilitar y militar tuvo en las ejecuciones extrajudiciales “falsos positivos”. Por si esto fuese poco, fue ella junto a Uribe quienes presidieron la Operación Orión, que una vez más, vestida de buenas intenciones, se terminaron perpetrando más de 70 asesinatos a manos de los paramilitares y más de 90 desapariciones forzadas. Además, es la misma mujer que le ocultó al país que su hermano había sido detenido en Estados Unidos por ser mula del narcotráfico, denominando aquel acto como “una tragedia familiar” y si bien, los crímenes de sangre no existen en nuestro país, como funcionaria pública, está en el deber moral de mantener una claridad de su vida con el país. ¿Qué sería de ella como presidenta?

En el caso hipotético de que ella renunciara, quedaría Arturo Char, quien es presidente del Senado y por ende del Congreso de la República. Este personaje, quien, entre otras cosas, está involucrado presuntamente con la compra de votos para Aída Merlano, y quien hace parte de uno de los clanes políticos más grandes del país, se caracteriza por su falta de voluntad política de escuchar a todos los sectores políticos al interior del Congreso, donde muchos proyectos ni siquiera son agendados para las plenarias del Senado.

Adicional a esto, como última instancia, quien asumiría el poder serían los altos mandos del Ejército Nacional, quienes como ya lo sabemos se caracterizan por su brutalidad intelectual y su poca disposición al diálogo. De nuevo, es necesario analizar con lupa esta propuesta.

Para concluir entonces, las y los invito a que siempre cuestionemos la información que nos llega, la viabilidad de esas propuestas y a quienes les puede o no beneficiar ese tipo de acciones. La digna resistencia manifestante ha de continuar hasta que la disposición del diálogo se haga real, clara y con una voluntad verdadera de materializar las exigencias de quienes protestan. No hay que bajar guardia en ningún momento, ni guardar silencio por todos y todas aquellas quienes han caído resistiendo a la violencia estatal de un Estado Genocida, en manos de un Gobierno indolente.

¡Fuerza y aguante!

Joseph Parra Corzo

Estudiante de derecho, activista social y político juvenil